Tras leer la transcripción de la conversación grabada a Rosario Porto y a Alfonso Basterra en los calabozos de la guardia civil, ya se puede responder a esa repetitiva pregunta leída en noticias y artículos que tratan sobre la muerte de la niña de Santiago de Compostela. La causa y la consecuencia de la muerte de Asunta radica en la violencia de género. No podremos entender el motivo de su muerte si ignoramos o no tenemos en cuenta este tipo de violencia.
Lo que pretende el agresor es someter a la víctima, y recordemos que lo hace de forma efectiva a través del control psicológico de la persona que deja someterse.
Si en el caso Bretón el padre hizo desaparecer a los hijos con el fin de "causar el mayor daño posible" a la madre, en el caso Basterra el agresor consiguió que la propia víctima colaborase en la acción criminal cometida contra ella misma. Para toda la vida le quedará ese dolor doble de perder a la hija y el de haber colaborado hasta extremos impensables para que se cumpliese lo pactado.
Aquí no hay un caso Asunta, lo que se ha producido, y así debería denominarse, es el "caso Basterra", porque la niña es una víctima coyuntural que ha tenido la mala suerte de ir a parar a una situación sofisticada de violencia de género, acorde con la posición económica y social de su madre.
Son casos de violencia de género que no acaban de entrar en los juzgados porque, entre otras razones, no hay personal cualificado para discernirla. Además, en la demarcación de Santiago no disponemos de juzgado especializado en estas causas.
El juez Vázquez Taín es un funcionario excelente y tuvo varios aciertos, uno de ellos fue disponer la grabación que se realizó a los padres en el cuartel donde estaban detenidos. Porque es en la intimidad de los hogares y en los espacios privados donde se generan las situaciones de violencia a la que hacíamos mención.
El juez se ha referido a que los tribunales de justicia no necesitan un móvil del crimen, que lo que precisan para procesar y juzgar son hechos probados, sin embargo de esta forma tenemos una justicia que juzga lo aparente, no el trasfondo, y esa no es justicia que valga. Se queda corta. Así ocurrió en el juicio a la madre de Lalín, que reconoció en la vista oral haber dado muerte a su hija y asumió toda la responsabilidad penal, seguramente aconsejada por los abogados de la familia. Tampoco aquí salió a relucir el trasfondo de la noticia y el crimen no se aclaró. La sociedad no ha entendido por qué la madre se responsabiliza de los hechos en solitario. El caso tendría que ser visto en un juzgado de violencia de género, previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En el caso Basterra, el abogado de la madre, que parece muy competente en lo suyo, podrá conseguir un informe psiquiátrico a la medida para que el tribunal popular deje en la mínima pena a su defendida o en la duda suficiente para salir absuelta. Aun así, la mujer, que es presunta víctima y verdugo a la vez, necesitará ayuda específica para seguir viviendo y crearse un futuro ilusionante. Esto no sucederá si ella misma no va al fondo de los motivos que la llevaron a actuar de esa forma.
Recordemos que Asunta es una niña que muere en el proceso de divorcio de sus padres, como tantos niños víctimas de violencia de género. Esperemos que su memoria sea rescatada y defendida como se merece por la Asociación Clara Campoamor, personada en el caso abierto por su muerte.
